INFORME 2017

El derecho de acceso al agua es un derecho humano de incidencia colectiva. Todos y todas tenemos derecho a usar, gozar y disfrutar de las aguas de dominio público. Además, el agua cumple una función ambiental para toda la comunidad, brindando “servicios ambientales o ecosistémicos” que benefician a toda la sociedad, abordando aspectos como consumo y uso individual, protección de la flora y fauna, equilibrio hídrico de la zona, valoración paisajística; en suma un valor ecosistémico que debe resguardarse en pos de toda la comunidad. Sin embargo, proyectos públicos y privados de infraestructura, la actividad agropecuaria y otras explotaciones comerciales e industriales, se han encargado de degradar, contaminar, invadir y aprovechar ilegítimamente bienes públicos como el agua, en desmedro de toda la población.

En un sistema democrático, el acceso a la información es una herramienta clave para fortalecer la gestión pública y promover la transparencia en las instituciones gubernamentales. Asimismo, es un instrumento básico para la participación ciudadana ya que todas las personas deberían tener acceso para pedir y recibir información pública, a los fines de participar e involucrarse en los procesos de tomas de decisiones, monitorear políticas y así exigir el acceso a servicios a los que tienen derecho. Nuestro compromiso está orientado a mejorar la transparencia y acceso a la información en todos los niveles de gobierno.

Basándonos en los pilares de la participación ciudadana, rendición de cuentas, tecnología e innovación y transparencia, es que comprendemos al gobierno abierto como una iniciativa, en la cual los tomadores de decisiones ponen a los ciudadanos en el centro de la política pública. Asimismo, los incluyen en su diseño, entendiendo que una mayor participación ciudadana en la formulación de políticas públicas contribuye a un gobierno más abierto, que rinde cuentas a la ciudadanía. A lo largo de 2016 hemos participado de diferentes encuentros en pos de seguir promoviendo la apertura del Estado. Además, hemos participado en las mesas de discusión regional para la elaboración del nuevo plan de acción de Argentina para OGP en 2017.

Consideramos que una manera de promover la participación ciudadana y asegurar la buena gobernanza es facilitar los mecanismos de participación, el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, a los fines de que la ciudadanía pueda incidir en los procesos de tomas de decisiones. Asimismo, favorecer la generación de espacios de colaboración entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado. A lo largo de este año hemos estado involucrados con la comunidad del barrio Chacras de la Merced (Córdoba), en su lucha por políticas que aseguren el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

Creemos que una de las mejores maneras de lograr avances en la conquista de los derechos de las mujeres, es promover la participación y lograr la visibilización de las problemáticas que las afectan. De esta manera, hemos trabajado en conjunto con diversas organizaciones a fin de lograr un trabajo coordinado y en red, con el objetivo de promover el empoderamiento de las ciudadanas, el fortalecimiento de las agendas locales y la sensibilización sobre las diversas problemáticas que enfrentan las mujeres a causa de la discriminación y violencia de género.

Los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos son un conjunto de derechos humanos que necesitan ser garantizados para toda la ciudadanía, sin distinciones y desde una perspectiva integral. Entendemos que es fundamental lograr el pleno ejercicio de estos derechos para alcanzar una sociedad más justa. Es por ello que nuestro equipo trabaja en coordinación con otras organizaciones de la sociedad civil, a fin de lograr el avance en las políticas públicas, la visibilización de las situaciones de desigualdad y discriminación, y la violación de estos derechos.

El logro de una efectiva democracia paritaria es fundamental para alcanzar una sociedad más justa y equitativa. No sólo el Estado debe garantizar que las mujeres puedan acceder a la participación política, sino que debe promover que el acceso sea en igualdad de condiciones, erradicando los obstáculos construidos socioculturalmente. Desde nuestra fundación hemos generado herramientas de monitoreo y compromiso para fortalecer los logros del movimiento de mujeres sobre los derechos políticos, en particular, sobre el logro de la democracia paritaria.

Los grandes proyectos de infraestructura tienen importantes impactos sociales y ambientales. El monitoreo del financiamiento de proyectos de infraestructura exige una coordinación de esfuerzos tanto a nivel local, como nacional y regional. Trabajar cooperativamente permite ampliar las posibilidades de incidencia en las decisiones respecto de estos grandes proyectos. Durante el año 2017 trabajamos en el monitoreo específico de proyectos de infraestructura con financiamiento de diversas fuentes, incluidas las inversiones de orígen chino. En este marco, el proyecto de gasoductos troncales en la provincia de Córdoba, salpicado por casos de corrupción por su vinculación con la empresa Odebrecht, cobró especial relevancia durante el 2017.

La existencia de un mecanismo de rendición de cuentas en las instituciones que financian proyectos de desarrollo es el elemento que complementa a los estándares ambientales y sociales. Estos organismos posibilitan que comunidades reclamen cuando un proyecto los afecta negativamente. Durante el año 2017 continuamos nuestro trabajo en relación al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Participamos en discusiones globales sobre mecanismos de rendición de cuentas y acompañamos a comunidades en Bolivia y Carlos Paz asesorandolos en relación a la posibilidad de presentar una queja al MICI.

En muchos casos, es el sector privado y las empresas trasnacionales las que de manera directa o indirecta, están involucradas en el abuso y/o violación de los derechos humanos. Es por ello que, trabajamos para lograr avances sustantivos a nivel normativo que promuevan que las empresas respeten y garanticen los derechos humanos. Así, durante 2017 participamos en eventos internacionales tendientes a promover la implementación de los Principios Guía sobre Derechos Humanos y Empresas de la ONU y en las discusiones en torno a creación de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos en el marco de la ONU.

El tabaquismo es la causa de muerte de 40.000 personas al año en Argentina. A nivel global sigue siendo la principal causa de muerte evitable. Considerando la obligación de proteger el derecho a la salud, el Estado en sus diferentes niveles, tiene que establecer políticas que protejan a las personas del tabaquismo. Esto incluye políticas de ambientes libres de humo que protejan a fumadores y no fumadores del humo del tabaco, que es probadamente cancerígeno. Asimismo, se deben aprobar e implementar leyes que restrinjan las prácticas de marketing de la industria del tabaco, que busca introducir en la adicción a sus productos a personas jóvenes.

La protección de los derechos humanos se debe ajustar a sus titulares, reconociendo sus particularidades especiales. En el caso de las personas de edad avanzada, existe un creciente movimiento a reconocerlas como un grupo vulnerable y que por ello exige mayores protecciones desde una perspectiva legal. Durante el 2015, la Organización de Estados Americanos aprobó un tratado que busca proteger los derechos humanos de este grupo de personas. Entre esos derechos, el derecho a la salud es de una importancia clave.