Nuestras acciones en números
Algunas de nuestras participaciones
Publicaciones
Desarrollo de 8 publicaciones con evaluación y recomendaciones de políticas públicas
Nuestras principales acciones en el año 2016
En un sistema democrático, el acceso a la información es una herramienta clave para fortalecer la gestión pública, y promover la transparencia en las instituciones gubernamentales. Asimismo, es un instrumento básico para la participación ciudadana ya que todas las personas deberían tener acceso para pedir y recibir información pública, a los fines de participar e involucrarse en los procesos de tomas de decisiones, monitorear políticas y así exigir el acceso a servicios a los que tienen derecho. Nuestro compromiso está orientado a mejorar la transparencia y acceso a la información en todos los niveles de gobierno.
La aplicación de agroquímicos se ha incrementado notoriamente en los últimos años en la agroindustria. La expansión de la frontera agropecuaria y la erosión de la tierra demandan mayores cantidades de químicos, para poder explotarlas bajo el modelo de la siembra directa. Así como se incrementa su aplicación también aumenta la contaminación a los cursos de agua, a la flora, a la fauna y al ambiente en general. Pero lo más preocupante son los riesgos y daños provocados en la salud humana y en poblaciones marginales que limitan con los campos fumigados. La creación de Zonas de Reguardo Ambiental (zonas buffer) es un instrumento necesario para el cese de la contaminación, y el cercenamiento de los derechos humanos de comunidades expuestas.
La protección de los bosques nativos es un eje fundamental para la preservación del ambiente. Cuando se defienden los bosques, se trabaja por el mantenimiento de complejos sistemas de biodiversidad y por la prestación de importantes servicios ecosistémicos para el ser humano. El Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos ha sido una política implementada por la Nación y luego replicada por cada una de las provincias argentinas, que ha avanzado en el resguardo ambiental.
El crecimiento de las actividades antrópicas y los avances tecnológicos contemporáneos han venido acompañados de mayores grados de contaminación y polución al planeta (aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera). Esto viene generando entre otros efectos el fenómeno del calentamiento global, hecho que influye considerablemente en las condiciones climáticas y meteorológicas de cada región. Las sequías y las graves inundaciones vienen golpeando a los sectores rurales y a nuestras ciudades, debido a ausentes políticas de previsión y control, provocando daños inconmensurables.
El tabaquismo es la causa de muerte de 40.000 personas al año en Argentina. A nivel global sigue siendo la principal causa de muerte evitable. Considerando la obligación de proteger el derecho a la salud, el Estado en sus diferentes niveles, tiene que establecer políticas que protejan a las personas del tabaquismo. Esto incluye políticas de ambientes libres de humo que protejan a fumadores y no fumadores del humo del tabaco, que es probadamente cancerígeno. Asimismo, se deben aprobar e implementar leyes que restrinjan las prácticas de marketing de la industria del tabaco, que busca introducir en la adicción a sus productos a personas jóvenes.
La protección de los derechos humanos se debe ajustar a sus titulares, reconociendo sus particularidades especiales. En el caso de las personas de edad avanzada, existe un creciente movimiento a reconocerlas como un grupo vulnerable y que por ello exige mayores protecciones desde una perspectiva legal. Durante el 2015, la Organización de Estados Americano aprobó un tratado que busca proteger los derechos humanos de este grupo de personas. Entre esos derechos, el derecho a la salud es de una importancia clave.
Basándonos en los pilares de la participación ciudadana, rendición de cuentas, tecnología e innovación y transparencia, es que comprendemos al gobierno abierto como una iniciativa, en la cual los tomadores de decisiones ponen a los ciudadanos en el centro de la política pública. Asimismo, los incluyen en su diseño, entendiendo que una mayor participación ciudadana en la formulación de políticas públicas contribuye a un gobierno más abierto y que rinde cuentas a la ciudadanía. A lo largo de 2016 hemos participado de diferentes encuentros en pos de seguir promoviendo la apertura del Estado. Además, hemos participado en las mesas de discusión regional para la elaboración del nuevo plan de acción de Argentina para OGP en 2017.
Las diferentes fuentes de financiamiento de proyectos para el desarrollo tienen estándares o lineamientos, que permiten determinar cuál proyecto puede ser financiado y cuál no. Desde FUNDEPS trabajamos para tratar de influir en esos estándares, para que los mismos tengan como referencia a las obligaciones de derechos humanos. A través del análisis y de la incidencia, se busca que los proyectos de desarrollo se decidan en marcos participativos, con transparencia y que respeten los derechos humanos, incluyendo el derecho a un ambiente sano.
Los grandes proyectos de infraestructura tienen importantes impactos sociales y ambientales. El monitoreo del financiamiento de proyectos de infraestructura exige una coordinación de esfuerzos tanto a nivel local, como nacional y regional. Trabajar cooperativamente permite ampliar las posibilidades de incidencia en las decisiones respecto de estos grandes proyectos. Durante el año 2016 hemos trabajado en el monitoreo específico de los proyectos de infraestructura con financiamiento de fuentes chinas. En este marco, el proyecto de gasoductos troncales en la provincia de Córdoba ha tomado preponderancia en esta agenda.
La existencia de un mecanismo de rendición de cuentas en las instituciones que financian proyectos de desarrollo es el elemento que complementa a los estándares ambientales y sociales. Estos organismos posibilitan que comunidades reclamen cuando un proyecto los afecta negativamente. Durante el año 2016 hemos puesto especial foco en el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Participamos en el proceso de revisión de su política e iniciamos procesos de monitoreo de proyectos financiados por el BID, a partir de los cuales se puede presentar una queja ante el mecanismo.
Desde FUNDEPS creemos que una de las mejores maneras de lograr avances en la conquista de los derechos de las mujeres, es promover la participación y lograr la visibilización de las problemáticas que las afectan. De esta manera, hemos trabajado en conjunto con diversas organizaciones a fin de lograr un trabajo coordinado y en red que fortalezca las agendas locales y la sensibilización sobre las diversas problemáticas que enfrentan las mujeres a causa de la discriminación y violencia de género.
Conocé más de nuestro trabajo sobre Mujeres y participación ciudadana
Consideramos que una manera de promover la participación ciudadana y asegurar la buena gobernanza es facilitar los mecanismos de participación, el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, a los fines de que la ciudadanía pueda incidir en los procesos de tomas de decisiones. Asimismo, favorecer la generación de espacios de colaboración entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado. A lo largo de este año hemos estado involucrados con la comunidad del barrio Chacras de la Merced (Córdoba), en su lucha por políticas que aseguren el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.
Conocé nuestras actividades sobre Participación e incidencia
Argentina tiene índices de obesidad infantil y entre adultos que lideran las estadísticas a nivel regional. El consumo per cápita de bebidas azucaradas (gaseosas) en nuestro país es el más alto de la región. Esto no es un problema de decisiones individuales sino un problema de salud pública, que afecta gravemente el derecho de muchas personas y debilita el sistema público. Desde una perspectiva legal que busque asegurar la adecuada protección del derecho a la salud, el Estado debe generar condiciones en las que se favorezcan las decisiones saludables.
La violencia mediática y simbólica es una de las formas menos visibles de agresión y reproducción de la discriminación hacia las mujeres. Surgen distintas necesidades de la problemática relacionada a la existencia y persistencia de contenidos de corte sexista, en los medios de comunicación de Argentina. Es por esto que FUNDEPS junto con Comunicar Igualdad, han generado un espacio de compromiso y colaboración a los fines de desarrollar herramientas útiles a la sociedad civil y la comunidad, para avanzar en la lucha en contra de la discriminación y violencias hacia la mujer en los medios de comunicación.
Los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos son un conjunto de derechos humanos que necesitan ser garantizados para toda la ciudadanía, sin distinciones y desde una perspectiva integral. Entendemos que es fundamental lograr el pleno ejercicio de estos derechos para alcanzar una sociedad más justa. Es por ello que nuestro equipo trabaja en coordinación con otras organizaciones de la sociedad civil, a fin de lograr el avance en las políticas públicas, la visibilización de las situaciones de desigualdad y discriminación, y la violación de estos derechos.
Conocé más de nuestro trabajo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos
Diversas problemáticas ambientales en la provincia de Córdoba, como la instalación de canteras, autorizaciones de deforestaciones, instalaciones de emprendimientos inmobiliarios, el crecimiento de los basurales a cielo abierto, entre otras, se gestionan sin cumplir los principios de acceso en materia ambiental. El Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe consagra los principios de acceso de la democracia ambiental: el derecho a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Actualmente, ya son 23 los países de la región que se comprometieron a avanzar en la construcción de un convenio regional sobre Principio 10. En este sentido, consideramos imprescindible que Argentina apoye su desarrollo y lo ratifique, destacando la necesidad de su carácter vinculante. De esta forma se podrá implementar efectivamente estos derechos, garantizando mejores soluciones a los problemas ambientales locales y regionales.
Conocé nuestras actividades sobre Convención regional sobre principios de acceso
Las diferentes fuentes de financiamiento de proyectos para el desarrollo tienen estándares o lineamientos, que permiten determinar cuál proyecto puede ser financiado y cuál no. Desde FUNDEPS trabajamos para tratar de influir en esos estándares, para que los mismos tengan como referencia a las obligaciones de derechos humanos. A través del análisis y de la incidencia, se busca que los proyectos de desarrollo se decidan en marcos participativos, con transparencia y que respeten los derechos humanos, incluyendo el derecho a un ambiente sano.
Los grandes proyectos de infraestructura tienen importantes impactos sociales y ambientales. El monitoreo del financiamiento de proyectos de infraestructura exige una coordinación de esfuerzos tanto a nivel local, como nacional y regional. Trabajar cooperativamente permite ampliar las posibilidades de incidencia en las decisiones respecto de estos grandes proyectos. Durante el año 2016 hemos trabajado en el monitoreo específico de los proyectos de infraestructura con financiamiento de fuentes chinas. En este marco, el proyecto de gasoductos troncales en la provincia de Córdoba ha tomado preponderancia en esta agenda.
La existencia de un mecanismo de rendición de cuentas en las instituciones que financian proyectos de desarrollo es el elemento que complementa a los estándares ambientales y sociales. Estos organismos posibilitan que comunidades reclamen cuando un proyecto los afecta negativamente. Durante el año 2016 hemos puesto especial foco en el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Participamos en el proceso de revisión de su política e iniciamos procesos de monitoreo de proyectos financiados por el BID, a partir de los cuales se puede presentar una queja ante el mecanismo.
El tabaquismo es la causa de muerte de 40.000 personas al año en Argentina. A nivel global sigue siendo la principal causa de muerte evitable. Considerando la obligación de proteger el derecho a la salud, el Estado en sus diferentes niveles, tiene que establecer políticas que protejan a las personas del tabaquismo. Esto incluye políticas de ambientes libres de humo que protejan a fumadores y no fumadores del humo del tabaco, que es probadamente cancerígeno. Asimismo, se deben aprobar e implementar leyes que restrinjan las prácticas de marketing de la industria del tabaco, que busca introducir en la adicción a sus productos a personas jóvenes.
La protección de los derechos humanos se debe ajustar a sus titulares, reconociendo sus particularidades especiales. En el caso de las personas de edad avanzada, existe un creciente movimiento a reconocerlas como un grupo vulnerable y que por ello exige mayores protecciones desde una perspectiva legal. Durante el 2015, la Organización de Estados Americano aprobó un tratado que busca proteger los derechos humanos de este grupo de personas. Entre esos derechos, el derecho a la salud es de una importancia clave.
Argentina tiene índices de obesidad infantil y entre adultos que lideran las estadísticas a nivel regional. El consumo per cápita de bebidas azucaradas (gaseosas) en nuestro país es el más alto de la región. Esto no es un problema de decisiones individuales sino un problema de salud pública, que afecta gravemente el derecho de muchas personas y debilita el sistema público. Desde una perspectiva legal que busque asegurar la adecuada protección del derecho a la salud, el Estado debe generar condiciones en las que se favorezcan las decisiones saludables.
La aplicación de agroquímicos se ha incrementado notoriamente en los últimos años en la agroindustria. La expansión de la frontera agropecuaria y la erosión de la tierra demandan mayores cantidades de químicos, para poder explotarlas bajo el modelo de la siembra directa. Así como se incrementa su aplicación también aumenta la contaminación a los cursos de agua, a la flora, a la fauna y al ambiente en general. Pero lo más preocupante son los riesgos y daños provocados en la salud humana y en poblaciones marginales que limitan con los campos fumigados. La creación de Zonas de Reguardo Ambiental (zonas buffer) es un instrumento necesario para el cese de la contaminación, y el cercenamiento de los derechos humanos de comunidades expuestas.
La protección de los bosques nativos es un eje fundamental para la preservación del ambiente. Cuando se defienden los bosques, se trabaja por el mantenimiento de complejos sistemas de biodiversidad y por la prestación de importantes servicios ecosistémicos para el ser humano. El Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos ha sido una política implementada por la Nación y luego replicada por cada una de las provincias argentinas, que ha avanzado en el resguardo ambiental. Sin embargo, la cobertura boscosa sigue decreciendo y las consecuencias sociales y ambientales las sufrimos cotidianamente.
El crecimiento de las actividades antrópicas y los avances tecnológicos contemporáneos han venido acompañados de mayores grados de contaminación y polución al planeta (aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera). Esto viene generando entre otros efectos el fenómeno del calentamiento global, hecho que influye considerablemente en las condiciones climáticas y meteorológicas de cada región. Las sequías y las graves inundaciones vienen golpeando a los sectores rurales y a nuestras ciudades, debido a ausentes políticas de previsión y control, provocando daños inconmensurables.
Diversas problemáticas ambientales en la provincia de Córdoba, como la instalación de canteras, autorizaciones de deforestaciones, instalaciones de emprendimientos inmobiliarios, el crecimiento de los basurales a cielo abierto, entre otras, se gestionan sin cumplir los principios de acceso en materia ambiental. El Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe consagra los principios de acceso de la democracia ambiental: el derecho a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Actualmente, ya son 23 los países de la región que se comprometieron a avanzar en la construcción de un convenio regional sobre Principio 10. En este sentido, consideramos imprescindible que Argentina apoye su desarrollo y lo ratifique, destacando la necesidad de su carácter vinculante. De esta forma se podrá implementar efectivamente estos derechos, garantizando mejores soluciones a los problemas ambientales locales y regionales.
Conocé nuestras actividades sobre Convención regional sobre principios de acceso
Desde FUNDEPS creemos que una de las mejores maneras de lograr avances en la conquista de los derechos de las mujeres, es promover la participación y lograr la visibilización de las problemáticas que las afectan. De esta manera, hemos trabajado en conjunto con diversas organizaciones a fin de lograr un trabajo coordinado y en red que fortalezca las agendas locales y la sensibilización sobre las diversas problemáticas que enfrentan las mujeres a causa de la discriminación y violencia de género.
Conocé más de nuestro trabajo sobre Mujeres y participación ciudadana
La violencia mediática y simbólica es una de las formas menos visibles de agresión y reproducción de la discriminación hacia las mujeres. Surgen distintas necesidades de la problemática relacionada a la existencia y persistencia de contenidos de corte sexista, en los medios de comunicación de Argentina. Es por esto que FUNDEPS junto con Comunicar Igualdad, han generado un espacio de compromiso y colaboración a los fines de desarrollar herramientas útiles a la sociedad civil y la comunidad, para avanzar en la lucha en contra de la discriminación y violencias hacia la mujer en los medios de comunicación.
Los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos son un conjunto de derechos humanos que necesitan ser garantizados para toda la ciudadanía, sin distinciones y desde una perspectiva integral. Entendemos que es fundamental lograr el pleno ejercicio de estos derechos para alcanzar una sociedad más justa. Es por ello que nuestro equipo trabaja en coordinación con otras organizaciones de la sociedad civil, a fin de lograr el avance en las políticas públicas, la visibilización de las situaciones de desigualdad y discriminación, y la violación de estos derechos.
Conocé más de nuestro trabajo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos
En un sistema democrático, el acceso a la información es una herramienta clave para fortalecer la gestión pública, y promover la transparencia en las instituciones gubernamentales. Asimismo, es un instrumento básico para la participación ciudadana ya que todas las personas deberían tener acceso para pedir y recibir información pública, a los fines de participar e involucrarse en los procesos de tomas de decisiones, monitorear políticas y así exigir el acceso a servicios a los que tienen derecho. Nuestro compromiso está orientado a mejorar la transparencia y acceso a la información en todos los niveles de gobierno.
Basándonos en los pilares de la participación ciudadana, rendición de cuentas, tecnología e innovación y transparencia, es que comprendemos al gobierno abierto como una iniciativa, en la cual los tomadores de decisiones ponen a los ciudadanos en el centro de la política pública. Asimismo, los incluyen en su diseño, entendiendo que una mayor participación ciudadana en la formulación de políticas públicas contribuye a un gobierno más abierto y que rinde cuentas a la ciudadanía. A lo largo de 2016 hemos participado de diferentes encuentros en pos de seguir promoviendo la apertura del Estado. Además, hemos participado en las mesas de discusión regional para la elaboración del nuevo plan de acción de Argentina para OGP en 2017.
Consideramos que una manera de promover la participación ciudadana y asegurar la buena gobernanza es facilitar los mecanismos de participación, el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, a los fines de que la ciudadanía pueda incidir en los procesos de tomas de decisiones. Asimismo, favorecer la generación de espacios de colaboración entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado. A lo largo de este año hemos estado involucrados con la comunidad del barrio Chacras de la Merced (Córdoba), en su lucha por políticas que aseguren el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.
Conocé nuestras actividades sobre Participación e incidencia
Financian nuestro trabajo
El trabajo de FUNDEPS es sostenido mayormente por financiadores internacionales que confían en nuestro trabajo y aportan a nuestros proyectos. No aceptamos financiamiento de empresas ni organismos gubernamentales que pudieran entrar en conflicto de interés con nuestro trabajo.
