INFORME 2018

http://www.fundeps.org/tag/cambio-climatico/ Participamos en la mesa ampliada del Gabinete Nacional de Cambio Climático, presentando nuestros aportes.   Presentamos una declaración a la COY 16° en el marco de COP 26. Participamos en la marcha mundial por la crisis climática #19M.  Solicitamos participar en la formulación del Plan de Respuesta Provincial.   Brindamos capacitaciones y asesoramiento sobre la transversalización…

● Analizamos los planes alimentarios escolares de 4 provincias.
● Nos presentamos como “amigos del tribunal” en defensa del derecho a la salud y la alimentación.
● Analizamos la Canasta Básica Alimentaria desde un enfoque de derecho.
● El conversatorio “Viaje Alimentario”, junto a otras organizaciones.

● Presentamos, junto a otras organizaciones, un informe sobre los sistemas nacionales de protección de los derechos de las personas mayores en América.
● Realizamos un análisis de la normativa local en relación a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

● Realizamos denuncias por violación de la normativa sobre prohibición de publicidad en el Cosquín Rock.
● Relevamos la publicidad de productos de tabaco en puntos de venta en la Ciudad de Córdoba y en la provincia.
● Denunciamos la publicidad de cigarrillo electrónico en videos de Youtube.
● Expusimos en taller “Social Media Marketing: Legal and Policy Aspects of Regulating the Promotion of Non-Communicable Disease-Related Consumer Products Seminar”.

● Realizamos seguimiento al trabajo del Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos (ONU). También, analizamos el borrador del Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos.
● Expusimos en el Congreso SAAP sobre “Derechos humanos y empresas en Latinoamérica: ¿Realmente son efectivos los Planes de Acción Nacionales para la implementación de los Principios Rectores?” en la Universidad de San Martín (Buenos Aires).
● Participamos en el evento sobre Empresas y Derechos Humanos en Buenos Aires organizado por FOCO, FARN, Promoción Humana y TIDO.
● Expusimos en evento sobre Empresas, Sostenibilidad y Derechos Humanos organizado por la Escuela de Negocios (UCC).

● Organizamos retiro del grupo de trabajo sobre mecanismos de rendición de cuentas, International Advocates Working Group en Córdoba. Además, participaron organizaciones de la alianza Global Alliance for Green and Gender Action.
● Organizamos el conversatorio sobre ‘Inversiones para el Desarrollo y Derechos Humanos en América Latina’ en la Universidad Siglo 21.

● Junto a GREFI, desarrollamos un documento de análisis sobre ‘El rol de América Latina y el Caribe en la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la estrategia política de China hacia la región’.
● Realizamos 6 pedidos de información sobre la situación de los gasoductos troncales en Córdoba con análisis sobre los resultados de este proyecto.
● Participamos del Congreso Nacional ALADAA exponiendo sobre el rol del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura en la Nueva Ruta de la Seda.
● Hicimos un seguimiento a la presencia de las inversiones chinas en Argentina y los proyectos de infraestructura en marcha y los futuros.

● Participamos de la consulta para la revisión de la política de sostenibilidad ambiental y social del BID Invest (Buenos Aires y Washington DC)
● Solicitamos información al BID sobre la aplicación de sus políticas de género en sus proyectos y su efectividad. Además, analizamos los tres Planes de Acción sobre Género (GAP) y la evaluación de su aplicación en 2018.
● En el marco de la consulta para la revisión de la política de sostenibilidad social y ambiental del BID Invest, realizamos observaciones desde una perspectiva de géneros.
● Junto con otras OSC, realizamos recomendaciones a las normas de implementación de la política de acceso a la información del BID Invest.

● Hicimos un análisis de las elecciones de Córdoba, de las P.A.S.O. y del gabinete del nuevo gobierno nacional desde la perspectiva de la democracia paritaria.
● Trabajamos sobre las políticas de cuidados en empresas de medios y agencias de publicidad desde el enfoque de la economía feminista.
● Nos vinculamos con periodistas para trabajar el proyecto “Paridad en Foco” y con el Espacio de Economía Feminista.
● Realizamos comentarios y observaciones en el marco de la consulta pública para la revisión de la política de sostenibilidad social y ambiental del BID Invest desde una perspectiva de géneros.

● Presentamos junto a UEPC la cartilla “Docentes garantes de derechos” sobre Educación Sexual Integral e hicimos denuncias administrativas por incumplimiento de la ley ESI.
● Acompañamos acciones para la puesta en vigencia de la Guía Provincial para la Atención de Abortos no Punibles y capacitamos a profesionales de la salud en Alta Gracia.
● Presentamos acciones de amparo por mora en contra de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba por la falta de respuesta ante pedidos de información sobre sus servicios de Salud Sexual y Reproductiva.
● Nos presentamos como “amigos del tribunal” en defensa del Protocolo Nacional para la Interrupción Legal del Embarazo y la venta de misoprostol en farmacias.

● Realizamos el Foro Nacional de Políticas de Género en Periodismo y Publicidad junto a la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, con el apoyo de la Fundación Heinrich Boell.
● Elaboramos un Acuerdo Compromiso en Políticas de Género para el Periodismo y la Publicidad que fue firmado por 46 actores de ambas industrias.
● Realizamos 6 denuncias por violencia mediática y 4 pedidos de información al INADI, ENACOM, INAM y la Defensoría del Público.
● Presentamos investigaciones sobre género, periodismo y publicidad en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UNC), el Instituto de Comunicación Institucional y la Universidad Abierta Interamericana de Rosario.

● Organizamos junto a Poder Ciudadano la reunión anual de la ROCC en Fundeps, a la que asistieron otras 7 organizaciones del país.
● Elaboramos un informe con adhesiones, sobre la necesidad de actualizar la ley de acceso a la información pública de Córdoba.
● Difundimos el informe en la prensa de Córdoba, y organizamos una ronda de periodistas sobre esta temática.
● Nos juntamos con asesores de Legisladores provinciales y ofrecimos un proyecto de ley sobre acceso a la información pública en Córdoba.

● Participamos de la Mesa Provincial de Gobierno Abierto para el seguimiento de la meta de Córdoba en el 3° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.
● Enviamos comentarios al Mecanismo de Revisión Independiente sobre el cumplimiento del 3° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.
● Participamos en la co-creación de dos compromisos del 4° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.

● Analizamos los aportantes a las campañas electorales nacionales P.A.S.O. y elecciones generales.
● Solicitamos información a los cinco partidos políticos y alianzas ganadoras de las elecciones provinciales sobre su financiamiento.
● Difundimos la plataforma MOCI sobre monitoreo a proyectos de infraestructura.

● Participamos en charlas formativas en la Universidad Siglo XXI acerca de la problemática en Chacras de la Merced.
● Presentamos y reiteramos un reclamo a la Municipalidad de Córdoba exigiendo el cumplimiento del Plan de Mitigación en Chacras de la Merced.
● Elaboramos y presentamos un proyecto para abordar la problemática de Chacras de la Merced.
● Realizamos pedidos de información a diferentes áreas del gobierno Provincial y Municipal sobre la problemática en Chacras de la Merced.

● Presentamos diferentes recursos judiciales para constituirnos como “amigos del tribunal” en la causa Porta Hnos.
● Realizamos solicitudes de acceso a la información pública a la Municipalidad sobre la gestión y disposición final de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Córdoba.

● Lanzamos el sitio web “Emergencia Agroquímica”, para visibilizar los conflictos socio-ambientales en Córdoba y brindar herramientas de acción ante casos de aplicación ilegal de agroquímicos.
● Asistimos a diferentes comunidades en la formulación de denuncias por fumigaciones ilegales.
● Investigamos la problemática en torno a políticas públicas desde una perspectiva ambiental y de salúd pública.

● Participamos en un encuentro con comunidades indígenas sobre los efectos del cambio climático.
● Elaboramos junto a ONGs de América Latina y Caribe, un informe sobre Cambio Climático y Derechos de grupos vulnerables en las Américas.
● Participamos en el 173º periodo de audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos abordando la temática y sus impactos.
● Participamos y co-organizamos la Pre COP 2019 llevada a cabo en la ciudad de Córdoba.

● Presentamos una denuncia contra la campaña de Arcor “Tu porción justa” ante la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Córdoba y Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
● Participamos en la Coalición Nacional para la Prevención de la Obesidad Infantil con apoyo de UNICEF y FIC Argentina.
● Intervención en consulta pública, presentación de informes ante Comités de Derechos Humanos y participación en elaboración de posicionamientos regionales en materia de alimentación saludable.

● Presentamos informe ante consulta pública de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Argentina.
● Participamos en discusiones y redes de trabajos sobre acceso a la justicia de personas mayores.
● Realizamos seguimiento de procesos legislativos sobre regulación de residencias geriátricas.

● Acompañamos discusiones sobre proyectos de ley para la prohibición total de promoción y patrocinio de productos de tabaco, incluyendo la exhibición del producto en puntos de venta.
● Presentamos informes sombras ante el Comité de Derechos del Niño y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

● Presentamos ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) un reporte con comentarios al borrador para UN tratado vinculante de empresas y derechos humanos.
● Participamos de la llamada del Grupo de Trabajo sobre la perspectiva de Género en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

● Co-coordinamos el retiro del grupo de trabajo sobre mecanismos de rendición de cuentas, International Advocates Working Group (IAWG) en Amsterdam, Holanda.
● Colaboramos en la elaboración de un documento sobre buenas prácticas para mecanismos de rendición de cuentas junto con el Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO).
● Participamos en la reunión anual de la red de mecanismos de rendición de cuentas IAMs Net (Independent Accountability Mechanisms Network) en Washington D.C.

● Lideramos el grupo de trabajo de incidencia sobre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo .
● Coordinamos el grupo de trabajo sobre inversiones e infraestructura del C-20 y participamos en la Cumbre del C-20 realizada en Buenos Aires.
● Colaboramos con el trabajo del Sistema de Alerta Temprana difundiendo información sobre proyectos financiados por instituciones financieras de desarrollo en Argentina.

● Participamos en una consulta presencial en Buenos Aires y enviamos documentos con comentarios en el marco de la consulta pública para la revisión de política de acceso a la información del BID Invest.
● Publicamos un análisis comparativo de salvaguardas ambientales y sociales de los principales bancos de desarrollo que operan en América Latina, junto con el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI).
● Co-organizamos el curso virtual sobre defensa del territorio: Herramientas del marco de derecho internacional y de la normativa de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), desde GREFI.

● Participamos de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, apoyamos el debate legislativo y elaboramos el documento “Senadoras/es cordobesas/es: Que sea ley”
● Realizamos acciones en defensa de la Ley de Educación Sexual Integral
● Repudiamos las declaraciones de ciertas instituciones de salud “objetoras de conciencia” en relación a la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

● Presentamos el informe de investigación “Organizaciones de medios y género. Igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGTTBIQ+ en empresas, sindicatos y universidades”
● Realizamos 9 denuncias por violencia contra las mujeres en los medios de comunicación ante ENACOM, Defensoría del Público, INADI e INAM y obtuvimos una respuesta favorable de la Defensoría del Público.
● Desarrollamos una investigación sobre la participación de mujeres y personas LGBTTIQ+ en las agencias de publicidad.

● Nos sumamos a la Red de Organizaciones contra la Corrupción R.O.C.C
● Acompañamos pedido de audiencia ante la CIDH sobre transparencia y acceso a la información en el Poder Judicial.
● Formamos parte de la Alianza Social para la Transparencia Legislativa.

● Participamos de la mesa provincial de Gobierno Abierto para el seguimiento de la meta de Córdoba en el plan nacional de OGP
● Participamos en Argentina Abierta en el panel sobre gobierno abierto y recursos naturales; y en el Foro de Innovación en el panel de gobierno abierto en la ciudad de Córdoba.
● Nos eligieron para formar parte de la mesa nacional de OGP en conjunto con el gobierno Nacional, para el año 2020.
● Enviamos comentarios para el proceso de evaluación del tercer plan de acción de Argentina para OGP.

● Lanzamos el sitio web MOCI de monitoreo ciudadano en proyectos de infraestructura.
● Organizamos un evento y un webinar sobre transparencia y rendición de cuentas en proyectos de infraestructura.
● Acompañamos y asesoramos a la comunidad del barrio Chacras de la Merced en la defensa de sus derechos a un ambiente sano y a la salud por la contaminación del Río Suquía.

● Acompañamiento y asesoramiento a la comunidad de Chacras de la Merced en la defensa de sus derechos a un ambiente a sano y a la salud por la contaminación del Río Suquía.
● Presentación como terceros interesados junto con vecinos/as de Alta Gracia en la causa judicial de El Potrerillo de Larreta Country Club S.A. contra la Provincia de Córdoba.

● Presentamos notas en Cancillería y Ambiente solicitando la adhesión de Argentina al Acuerdo Regional sobre Principio 10.
● Participamos de la movida comunicacional para promover la adhesión de la Argentina al Acuerdo de Escazú.

● Acompañamos y participamos en la incidencia en contra de la Autovía de Montaña.
● Participamos en la Marcha contra la Autovía de Punilla y organizamos la campaña #AdoptáTuArbolNativo.
● Presentación como terceros interesados junto con vecinos y vecinas de Alta Gracia en la causa judicial de El Potrerillo de Larreta Country Club S.A. contra la Provincia de Córdoba.

● Organizamos y participamos de la Jornada “Agroquímicos, Salud y Ambiente” en la localidad de Colonia Tirolesa.
● Realizamos observaciones en consulta pública abierta al “Informe Final del Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios”. (hay un documento de esto)
● Realizamos talleres participativos con comunidades afectadas por agroquímicos en Colonia Tirolesa y Falda del Carmen.

Diversas problemáticas ambientales en la provincia de Córdoba, como la instalación de canteras, autorizaciones de deforestaciones, instalaciones de emprendimientos inmobiliarios, el crecimiento de los basurales a cielo abierto, entre otras, se gestionan sin cumplir los principios de acceso en materia ambiental. El Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe consagra los principios de acceso de la democracia ambiental: el derecho a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Actualmente, ya son 23 los países de la región que se comprometieron a avanzar en la construcción de un convenio regional sobre Principio 10.

Los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos son un conjunto de derechos humanos que necesitan ser garantizados para toda la ciudadanía, sin distinciones y desde una perspectiva integral. Entendemos que es fundamental lograr el pleno ejercicio de estos derechos para alcanzar una sociedad más justa. Es por ello que nuestro equipo trabaja en coordinación con otras organizaciones de la sociedad civil, a fin de lograr el avance en las políticas públicas, la visibilización de las situaciones de desigualdad y discriminación, y la violación de estos derechos.

La violencia mediática y simbólica es una de las formas menos visibles de agresión y reproducción de la discriminación hacia las mujeres. Surgen distintas necesidades de la problemática relacionada a la existencia y persistencia de contenidos de corte sexista, en los medios de comunicación de Argentina. Es por esto que FUNDEPS junto con Comunicar Igualdad, han generado un espacio de compromiso y colaboración a los fines de desarrollar herramientas útiles a la sociedad civil y la comunidad, para avanzar en la lucha en contra de la discriminación y violencias hacia la mujer en los medios de comunicación.

Argentina tiene índices de obesidad infantil y entre adultos que lideran las estadísticas a nivel regional. El consumo per cápita de bebidas azucaradas (gaseosas) en nuestro país es el más alto de la región. Esto no es un problema de decisiones individuales sino un problema de salud pública, que afecta gravemente el derecho de muchas personas y debilita el sistema público. Desde una perspectiva legal que busque asegurar la adecuada protección del derecho a la salud, el Estado debe generar condiciones en las que se favorezcan las decisiones saludables. Así, se debe proteger particularmente a niños y niñas, se debe restringir las prácticas de marketing agresivo de la industria y asegurar el acceso a la información en los productos alimenticios que se ofrecen.

Consideramos que una manera de promover la participación ciudadana y asegurar la buena gobernanza es facilitar los mecanismos de participación, el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, a los fines de que la ciudadanía pueda incidir en los procesos de tomas de decisiones. Asimismo, favorecer la generación de espacios de colaboración entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado. A lo largo de este año hemos estado involucrados con la comunidad del barrio Chacras de la Merced (Córdoba), en su lucha por políticas que aseguren el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

Desde FUNDEPS creemos que una de las mejores maneras de lograr avances en la conquista de los derechos de las mujeres, es promover la participación y lograr la visibilización de las problemáticas que las afectan. De esta manera, hemos trabajado en conjunto con diversas organizaciones a fin de lograr un trabajo coordinado y en red que fortalezca las agendas locales y la sensibilización sobre las diversas problemáticas que enfrentan las mujeres a causa de la discriminación y violencia de género.

La existencia de un mecanismo de rendición de cuentas en las instituciones que financian proyectos de desarrollo es el elemento que complementa a los estándares ambientales y sociales. Estos organismos posibilitan que comunidades reclamen cuando un proyecto los afecta negativamente. Durante el año 2016 hemos puesto especial foco en el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Participamos en el proceso de revisión de su política e iniciamos procesos de monitoreo de proyectos financiados por el BID, a partir de los cuales se puede presentar una queja ante el mecanismo.

Los grandes proyectos de infraestructura tienen importantes impactos sociales y ambientales. El monitoreo del financiamiento de proyectos de infraestructura exige una coordinación de esfuerzos tanto a nivel local, como nacional y regional. Trabajar cooperativamente permite ampliar las posibilidades de incidencia en las decisiones respecto de estos grandes proyectos. Durante el año 2016 hemos trabajado en el monitoreo específico de los proyectos de infraestructura con financiamiento de fuentes chinas. En este marco, el proyecto de gasoductos troncales en la provincia de Córdoba ha tomado preponderancia en esta agenda.

Las diferentes fuentes de financiamiento de proyectos para el desarrollo tienen estándares o lineamientos, que permiten determinar cuál proyecto puede ser financiado y cuál no. Desde FUNDEPS trabajamos para tratar de influir en esos estándares, para que los mismos tengan como referencia a las obligaciones de derechos humanos. A través del análisis y de la incidencia, se busca que los proyectos de desarrollo se decidan en marcos participativos, con transparencia y que respeten los derechos humanos, incluyendo el derecho a un ambiente sano.

Basándonos en los pilares de la participación ciudadana, rendición de cuentas, tecnología e innovación y transparencia, es que comprendemos al gobierno abierto como una iniciativa, en la cual los tomadores de decisiones ponen a los ciudadanos en el centro de la política pública. Asimismo, los incluyen en su diseño, entendiendo que una mayor participación ciudadana en la formulación de políticas públicas contribuye a un gobierno más abierto y que rinde cuentas a la ciudadanía. A lo largo de 2016 hemos participado de diferentes encuentros en pos de seguir promoviendo la apertura del Estado. Además, hemos participado en las mesas de discusión regional para la elaboración del nuevo plan de acción de Argentina para OGP en 2017.

La protección de los derechos humanos se debe ajustar a sus titulares, reconociendo sus particularidades especiales. En el caso de las personas de edad avanzada, existe un creciente movimiento a reconocerlas como un grupo vulnerable y que por ello exige mayores protecciones desde una perspectiva legal. Durante el 2015, la Organización de Estados Americano aprobó un tratado que busca proteger los derechos humanos de este grupo de personas. Entre esos derechos, el derecho a la salud es de una importancia clave.

El tabaquismo es la causa de muerte de 40.000 personas al año en Argentina. A nivel global sigue siendo la principal causa de muerte evitable. Considerando la obligación de proteger el derecho a la salud, el Estado en sus diferentes niveles, tiene que establecer políticas que protejan a las personas del tabaquismo. Esto incluye políticas de ambientes libres de humo que protejan a fumadores y no fumadores del humo del tabaco, que es probadamente cancerígeno. Asimismo, se deben aprobar e implementar leyes que restrinjan las prácticas de marketing de la industria del tabaco, que busca introducir en la adicción a sus productos a personas jóvenes.

El crecimiento de las actividades antrópicas y los avances tecnológicos contemporáneos han venido acompañados de mayores grados de contaminación y polución al planeta (aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera). Esto viene generando entre otros efectos el fenómeno del calentamiento global, hecho que influye considerablemente en las condiciones climáticas y meteorológicas de cada región. Las sequías y las graves inundaciones vienen golpeando a los sectores rurales y a nuestras ciudades, debido a ausentes políticas de previsión y control, provocando daños inconmensurables.

La protección de los bosques nativos es un eje fundamental para la preservación del ambiente. Cuando se defienden los bosques, se trabaja por el mantenimiento de complejos sistemas de biodiversidad y por la prestación de importantes servicios ecosistémicos para el ser humano. El Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos ha sido una política implementada por la Nación y luego replicada por cada una de las provincias argentinas, que ha avanzado en el resguardo ambiental. Sin embargo, la cobertura boscosa sigue decreciendo y las consecuencias sociales y ambientales las sufrimos cotidianamente.

La aplicación de agroquímicos se ha incrementado notoriamente en los últimos años en la agroindustria. La expansión de la frontera agropecuaria y la erosión de la tierra demandan mayores cantidades de químicos, para poder explotarlas bajo el modelo de la siembra directa. Así como se incrementa su aplicación también aumenta la contaminación a los cursos de agua, a la flora, a la fauna y al ambiente en general. Pero lo más preocupante son los riesgos y daños provocados en la salud humana y en poblaciones marginales que limitan con los campos fumigados. La creación de Zonas de Reguardo Ambiental (zonas buffer) es un instrumento necesario para el cese de la contaminación, y el cercenamiento de los derechos humanos de comunidades expuestas.

En un sistema democrático, el acceso a la información es una herramienta clave para fortalecer la gestión pública, y promover la transparencia en las instituciones gubernamentales. Asimismo, es un instrumento básico para la participación ciudadana ya que todas las personas deberían tener acceso para pedir y recibir información pública, a los fines de participar e involucrarse en los procesos de tomas de decisiones, monitorear políticas y así exigir el acceso a servicios a los que tienen derecho. Nuestro compromiso está orientado a mejorar la transparencia y acceso a la información en todos los niveles de gobierno.

Contar con información precisa de las propuestas, políticas públicas, metas y objetivos de los candidatos que se presentan a elecciones y que aspiran a ocupar espacios de toma de decisiones, es clave a la hora de hacer un análisis sobre las diferentes candidaturas y líneas de acción. Esto permite solucionar los problemas colectivos que hacen a la ciudad, la provincia o la nación. No obstante, a veces puede llevar mucho tiempo y recursos conseguir información de todas las ofertas políticas. Es por ello que diseñamos la campaña VOTACONCIENCIA a los fines de sistematizar en una sola plataforma información y propuestas de candidatos destinada a una audiencia joven.

Consideramos que una manera de promover la participación ciudadana y asegurar la buena gobernanza, es facilitar los mecanismos de participación el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, a los fines de que la ciudadanía pueda incidir en los procesos de toma de decisiones. Asimismo, favorecer la generación de espacios de colaboración entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado.

Convencidos de la importancia que tiene el fortalecimiento de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, estamos trabajando junto a la Alianza “Iniciativa de Acceso” para avanzar en la consecución de un acuerdo regional que facilite su implementación a nivel regional. Nuestro compromiso está orientado a mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos públicos.

Desde FUNDEPS creemos que una de las mejores maneras de lograr avances en la conquista de los derechos de las mujeres, es promover la participación y lograr la visibilización de las problemáticas que las afectan. De esta manera, hemos trabajado en conjunto con diversas organizaciones a fin de lograr un trabajo coordinado y en red que fortalezca las agendas locales y la sensibilización sobre las diversas problemáticas que enfrentan las mujeres a causa de la discriminación y violencia de género.

La violencia mediática y simbólica es una de las formas menos visibles de agresión y reproducción de la discriminación hacia las mujeres. Surgen distintas necesidades de la problemática relacionada a la existencia y persistencia de contenidos de corte sexista, en los medios de comunicación de Argentina. Es por esto que FUNDEPS junto con Comunicar Igualdad, han generado un espacio de compromiso y colaboración a los fines de desarrollar herramientas útiles a la sociedad civil y la comunidad, para avanzar en la lucha en contra de la discriminación y violencias hacia la mujer en los medios de comunicación.

La violencia hacia las mujeres es uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad, y que significan una violación sistemática de derechos humanos a la mitad de la población. El maltrato físico y psicológico es una de las formas más graves de violencia. Desde FUNDEPS trabajamos en red con diversas organizaciones para promover políticas públicas concretas, que luchen por la prevención y erradicación de la violencia en todas sus formas, y desde una perspectiva de género.

La minería a cielo abierto a gran escala o megaminería es una actividad económica que produce grandes impactos en el ambiente, que generalmente no tienen recomposición. Lo más gravoso es el uso de sustancias químicas como el cianuro para el proceso de lixiviación de los minerales, que una vez utilizados se depositan residualmente en los diques de cola, sin que exista método para su remediación. Los riesgos de fractura de los diques de cola o bien las filtraciones de cianuro, por pérdidas y/o accidentes durante el funcionamiento de los procesos mineros, pueden desencadenar enormes contaminaciones a cursos de agua, napas, acuíferos, biodiversidad, afectando no sólo el ambiente sino la supervivencia de pueblos y comunidades cercanas a los emprendimientos.

El crecimiento de las actividades antrópicas y los avances tecnológicos contemporáneos han venido acompañados de mayores grados de contaminación y polución al planeta (aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera). Esto viene generando entre otros efectos el fenómeno del calentamiento global, hecho que influye considerablemente en las condiciones climáticas y meteorológicas de cada región. Las sequías y las graves inundaciones vienen golpeando a los sectores rurales y a nuestras ciudades, debido a ausentes políticas de previsión y control, provocando daños inconmensurables. Es necesario trabajar coordinadamente con organismos internacionales e instituciones locales, para formular políticas de prevención y mitigación de sus efectos.

La aplicación de agroquímicos se ha incrementado notoriamente en los últimos años en la agroindustria. La expansión de la frontera agropecuaria y la erosión de la tierra demandan mayores cantidades de químicos, para poder explotarlas bajo el modelo de la siembra directa. Así como se incrementa su aplicación también aumenta la contaminación a los cursos de agua, a la flora, a la fauna y al ambiente en general. Pero lo más preocupante son los riesgos y daños provocados en la salud humana y en poblaciones marginales que limitan con los campos fumigados. La creación de Zonas de Reguardo Ambiental (zonas buffer) es un instrumento necesario para el cese de la contaminación, y el cercenamiento de los derechos humanos de comunidades expuestas.

La protección de los bosques nativos es un eje fundamental para la preservación del ambiente. Cuando se defienden los bosques, se trabaja por el mantenimiento de complejos sistemas de biodiversidad y por la prestación de importantes servicios ecosistémicos para el ser humano. El Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos ha sido una política implementada por la Nación y luego replicada por cada una de las provincias argentinas, que ha avanzado en el resguardo ambiental. Sin embargo, la cobertura boscosa sigue decreciendo y las consecuencias sociales y ambientales las sufrimos cotidianamente.

El tabaquismo es la causa de muerte de 40.000 personas al año en Argentina. A nivel global sigue siendo la principal causa de muerte evitable. Considerando la obligación de proteger el derecho a la salud, el Estado en sus diferentes niveles, tiene que establecer políticas que protejan a las personas del tabaquismo. Esto incluye políticas de ambientes libres de humo que protejan a fumadores y no fumadores del humo del tabaco, que es probadamente cancerígeno. Asimismo, se deben aprobar e implementar leyes que restrinjan las prácticas de marketing de la industria del tabaco, que busca introducir en la adicción a sus productos a personas jóvenes.

La protección de los derechos humanos se debe ajustar a sus titulares, reconociendo sus particularidades especiales. En el caso de las personas de edad avanzada, existe un creciente movimiento a reconocerlas como un grupo vulnerable y que por ello exige mayores protecciones desde una perspectiva legal. Durante el 2015, la Organización de Estados Americano aprobó un tratado que busca proteger los derechos humanos de este grupo de personas. Entre esos derechos, el derecho a la salud es de una importancia clave.

Argentina tiene índices de obesidad infantil y entre adultos que lideran las estadísticas a nivel regional. El consumo per cápita de bebidas azucaradas (gaseosas) en nuestro país es el más alto de la región. Esto no es un problema de decisiones individuales sino un problema de salud pública, que afecta gravemente el derecho de muchas personas y debilita el sistema público. Desde una perspectiva legal que busque asegurar la adecuada protección del derecho a la salud, el Estado debe generar condiciones en las que se favorezcan las decisiones saludables. Así, se debe proteger particularmente a niños y niñas, se debe restringir las prácticas de marketing agresivo de la industria y asegurar el acceso a la información en los productos alimenticios que se ofrecen.

La existencia de un mecanismo de rendición de cuentas en las instituciones que financian proyectos de desarrollo, es el elemento que complementa a los estándares ambientales y sociales. A través de un buen mecanismo es posible que comunidades y organizaciones puedan reclamar cuando un proyecto de desarrollo los ha afectado negativamente, cuando viola derechos humanos o cuando fue llevado a cabo sin participación de las comunidades afectadas. Desde FUNDEPS trabajamos para que evaluar la efectividad de estos mecanismos y para que sean independientes, accesibles y capaces de aportar a un desarrollo sustentable y respetuoso de los derechos humanos.

Las diferentes fuentes de financiamiento de proyectos para el desarrollo tienen estándares o lineamientos, que permiten determinar cuál proyecto puede ser financiado y cuál no. Desde FUNDEPS trabajamos para tratar de influir en esos estándares, para que los mismos tengan como referencia a las obligaciones de derechos humanos. A través del análisis y de la incidencia, se busca que los proyectos de desarrollo se decidan en marcos participativos, con transparencia y que respeten los derechos humanos, incluyendo el derecho a un ambiente sano.

Los grandes proyectos de infraestructura tienen importantes impactos sociales y ambientales. Es necesario que estos se lleven adelante respetando los derechos humanos, incluyendo el respeto al derecho a un ambiente sano y el derecho a participar en las decisiones públicas. El monitoreo del financiamiento de proyectos de infraestructura exige una coordinación de esfuerzos tanto a nivel local, como nacional y regional. Trabajar cooperativamente permite ampliar las posibilidades de incidencia en las decisiones respecto de estos grandes proyectos.