El tabaquismo es la causa de muerte de 40.000 personas al año en Argentina. A nivel global sigue siendo la principal causa de muerte evitable. Considerando la obligación de proteger el derecho a la salud, el Estado en sus diferentes niveles, tiene que establecer políticas que protejan a las personas del tabaquismo. Esto incluye políticas de ambientes libres de humo que protejan a fumadores y no fumadores del humo del tabaco, que es probadamente cancerígeno. Asimismo, se deben aprobar e implementar leyes que restrinjan las prácticas de marketing de la industria del tabaco, que busca introducir en la adicción a sus productos a personas jóvenes.

La protección de los derechos humanos se debe ajustar a sus titulares, reconociendo sus particularidades especiales. En el caso de las personas de edad avanzada, existe un creciente movimiento a reconocerlas como un grupo vulnerable y que por ello exige mayores protecciones desde una perspectiva legal. Durante el 2015, la Organización de Estados Americano aprobó un tratado que busca proteger los derechos humanos de este grupo de personas. Entre esos derechos, el derecho a la salud es de una importancia clave.

Argentina tiene índices de obesidad infantil y entre adultos que lideran las estadísticas a nivel regional. El consumo per cápita de bebidas azucaradas (gaseosas) en nuestro país es el más alto de la región. Esto no es un problema de decisiones individuales sino un problema de salud pública, que afecta gravemente el derecho de muchas personas y debilita el sistema público. Desde una perspectiva legal que busque asegurar la adecuada protección del derecho a la salud, el Estado debe generar condiciones en las que se favorezcan las decisiones saludables. Así, se debe proteger particularmente a niños y niñas, se debe restringir las prácticas de marketing agresivo de la industria y asegurar el acceso a la información en los productos alimenticios que se ofrecen.